Transparencia política: mucho ruido y pocas nueces

«En España todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío»

 
Este dicho popular retrata perfectamente lo que está ocurriendo con la Ley de Transparencia, una medida incluida inicialmente en el programa electoral del PSOE, que estaba previsto que se aprobara en agosto de 2010 y que posteriormente, el ya candidato a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, volvió a esgrimir como señuelo electoral.
 
Ninguna de estas promesas, proyectos e iniciativas se ha materializado y seguimos sin ley que garantice la transparencia y, lo que es peor, con muchas dudas sobre la necesaria actitud de los responsables públicos por garantizar su cumplimiento.
 
El último en abrazar las bondades de la transparencia ha sido Mariano Rajoy, el más que probable próximo Presidente del Gobierno: «España tendrá en los primeros 100 días una ley de transparencia, buen gobierno, y acceso a la información pública. Todo el mundo podrá saber en qué se gasta el dinero. Transparencia total».
 
Celebro este compromiso casi tanto como dudo de su cumplimiento. 
 
Porque la aprobación de una norma que recoja este derecho ciudadano y esta obligación de los poderes públicos es solo el primer paso.
 
A partir de él, hemos de cambiar muchos hábitos. La vocación de servicio público de los representantes políticos tiene que traducirse en abrir las instituciones, airear su interior y colaborar con los ciudadanos para que la gestión responda a las necesidades reales de estos y otorgue, a aquellos, la legitimidad que ahora no tienen.
 
De este modo, evitaremos espectáculos mediáticos -que poco interesan al común de los ciudadanos- como el protagonizado por Esperanza Aguirre y la polémica sobre si existía o no una parte oculta en su sueldo.
 
¿Qué necesidad había? Ninguna. Estos golpes de efecto, estas puestas en escena en las que se esgrimen nóminas como si fueran argumentos inapelables… hacen las delicias de los asesores políticos pero no tienen ningún valor.
 
No sería mejor que el sueldo de Aguirre estuviera recogido en la web de la Comunidad de Madrid, un ejemplo para otras muchas cosas.
A partir de ahí podríamos tratar estas cuestiones con la normalidad que merecen. Conocer el sueldo de los representantes políticos (de todas las administraciones), de sus cargos de confianza y hasta del último empleado público debería ser una garantía y no una amenaza.
Pero para eso hay que variar aún muchas mentalidades.

Suerte que en otros ámbitos se producen avances indudables de los que conviene felicitarse por lo que suponen de ejemplo. Este es el caso del portal de Transparencia que el Gobierno Vasco presentó la semana pasada.

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